La batalla del informal: La Ley REP y los desafíos de los recicladores de base
¿Qué es la ley REP?
Para tener claro cuál es el modelo que se está implementando, quienes la diseñaron, qué ejemplo se ocupó internacionalmente, saber si es una ley medioambiental o empresarial, entender cómo afectará al gremio de recicladores de base ya sea positiva o negativamente, reconocer el papel del estado, los privados y la sociedad civil.
Hay que entender que es una ley que viene a cambiar el paradigma sobre los residuos en Chile, que pone en el escenario a todos los actores, desde los productores, hasta los recicladores. Ley que actualmente es casi desconocida para la gran mayoría de los chilenos, por lo tanto, entender sus principios y sus objetivos de fondo es clave para saber cómo enfrentarla. Para nosotros los recicladores es fundamental que podamos entender qué es la ley REP, y cómo funciona.
“Podemos estar frente a una oportunidad única de avanzar en mejoras al oficio, o encontrarnos en vísperas del fin del oficio de reciclador en Chile.”
Breve historia de la legislación ambiental en Chile
La historia de la legislación ambiental en Chile ha estado marcada por el balance entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Desde el siglo XIX, el marco legal se ha centrado en regular la explotación de los recursos naturales, aunque las leyes en esa época no fueron suficientemente rigurosas para abordar las crecientes demandas industriales y urbanas. En el siglo XX, con la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en 1930, el país experimentó un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales, con un enfoque predominante en sectores como la minería, los monocultivos y la pesca industrial, sin una regulación ambiental eficaz. Durante la dictadura (1973-1990), las políticas neoliberales promovieron la privatización de varios sectores y una disminución de la supervisión estatal sobre las prácticas industriales, lo que afectó la capacidad de fiscalización del medio ambiente. Con la transición democrática, se buscó fortalecer la legislación ambiental, creando la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) en 1994 y el Ministerio del Medio Ambiente en 2010. Sin embargo, la implementación de estas normativas aún ha enfrentado desafíos, con una fiscalización limitada y sanciones que, en ocasiones, no han sido suficientemente efectivas para fomentar un cambio significativo en las prácticas industriales.
La ley REP
La Ley 20.920, publicada el 1 de junio de 2016, establece el marco regulador para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje en Chile. Su objetivo principal es la valorización de residuos como mecanismo clave para su gestión.
“La presente ley tiene por objetivo incorporar la valorización de los residuos como un elemento primordial en la gestión de los residuos sólidos e introducir en la regulación existente en la materia, un instrumento económico que busca generar mecanismos que permitan aumentar los niveles de reciclaje de los residuos que actualmente se disponen en rellenos sanitarios o son depositados en vertederos ilegales. Se establece algunos instrumentos de gestión ambiental en materia de residuos destacando entre ellos la REP, (Responsabilidad Extendida del Productor) lo que se traduce en que el fabricante o importador deberá hacerse cargo del producto una vez terminada su vida útil, debiendo cumplir metas de reciclaje establecidas por el MMA. La REP, implica que los productores de productos prioritarios deben cumplir con ciertas obligaciones tales como registrarse, organizar y financiar la gestión de residuo, cumplir metas de recolección y valorización a través de alguno de los sistemas de gestión y asegurar que el tratamiento de los residuos se realice por gestores autorizados”
Responsabilidades del Productor
La ley obliga a los productores a:
- Registrarse en el sistema de reporte (SIDREP).
- Organizar y financiar la gestión de los residuos generados.
- Cumplir metas graduales bajo el principio de “El que contamina paga”.
Residuos Prioritarios
Se establecen seis categorías de residuos prioritarios que deben cumplir metas de recuperación y valorización:
- Aceites y lubricantes
- Diarios y revistas
- Aparatos electrónicos y eléctricos
- Envases y embalajes
- Pilas y baterías
- Neumáticos
Impacto en Recicladores
Los recicladores de base, quienes desempeñan un rol crucial en la recolección y reciclaje de materiales, tienen un interés particular en los residuos de envases y embalajes, así como en los residuos de diarios y revistas, debido a que estos representan una gran fracción de materiales reciclables. La Ley REP reconoce formalmente a los recicladores de base, definiéndolos como personas naturales o jurídicas dedicadas a la recolección y gestión de residuos domiciliarios. No obstante, para poder participar en el sistema, deben cumplir con ciertos requisitos, como la certificación de competencias y la autorización como gestores de residuos. Estos requisitos podrían representar una barrera de acceso inicial para muchos recicladores.
Implementación y Metas
La implementación de la Ley REP incluye metas graduales de recolección, que se extenderán hasta 2035, lo que permite a los actores involucrados, incluidos los productores y los recicladores, adaptarse a los nuevos requerimientos. A lo largo de este período, se prevé que se realicen inversiones y que se expanda el sistema de valorización de residuos en todo el país.

La Ley REP tiene como objetivo reducir el impacto ambiental de los residuos mediante la asignación de responsabilidades a los productores y la promoción de la inversión privada en reciclaje. Al mismo tiempo, reconoce el rol de los recicladores de base, aunque la implementación de la ley impone ciertas barreras de acceso que podrían dificultar su participación inicial en el sistema. En este contexto, la ley se enfoca en mejorar la gestión de residuos, con especial atención al cumplimiento de metas de valorización, mientras busca involucrar a todos los actores del proceso de reciclaje, incluidos los recicladores.
Funcionamiento del sistema REP y responsabilidades por actor
El sistema REP establece responsabilidades para distintos actores con el fin de garantizar una gestión estructurada de los residuos, promoviendo su recuperación, reciclaje y valorización. A continuación se describen los roles de los actores involucrados:
- Productores/Importadores: Son responsables de registrar sus productos, elaborar un Sistema de Gestión y asegurar el reciclaje de sus residuos, financiando este proceso. Aunque establece un sistema regulado, podría generar barreras para la inclusión de recicladores de base, favoreciendo a empresas más grandes con mayores recursos.
- Sistema de Gestión: Permite planificar y financiar la gestión de residuos, y puede ser individual o colectivo. Aunque promueve la colaboración, no establece incentivos claros para incluir a organizaciones de recicladores, lo que podría limitar su participación.
- Ciudadanos/Consumidores: Tienen el rol de separar y entregar los residuos. A pesar de que la ley reconoce a los recicladores de base como actores importantes, su inclusión depende de los Sistemas de Gestión, los cuales no siempre garantizan su participación.
- Comercializadores: Establecen puntos de recepción de residuos, pero los materiales deben ser entregados a gestores autorizados, lo que podría dificultar el acceso de los recicladores de base.
- Autoridades Municipales: Son responsables de gestionar los residuos localmente y pueden colaborar con recicladores, aunque la inclusión depende de políticas locales específicas.
- Gestores de Residuos: Recolectan y procesan los residuos. La ley permite que los recicladores de base sean gestores, pero exige que cuenten con certificaciones y condiciones específicas, lo que puede limitar su participación debido a la falta de recursos para cumplir estos requisitos.
En resumen, el sistema REP plantea un marco organizado para la gestión de residuos, pero su efectividad en incluir a los recicladores de base depende de la implementación de políticas claras que favorezcan su inclusión y acceso a los beneficios del sistema.
Balance general de la Ley REP y su impacto en el manejo de residuos
La Ley REP en Chile representa un avance clave en la regulación del reciclaje, introduciendo un marco normativo claro para los productores y promoviendo la valorización de residuos. Aunque se enfoca principalmente en la gestión de residuos al final del ciclo de vida de los productos, no aborda de manera integral temas como el cambio climático o los impactos ambientales de los modelos de consumo actuales.
Para los recicladores, la ley abre una oportunidad para ser más visibles y fortalecer su inclusión en el sistema formal de gestión de residuos. Sin embargo, varios aspectos de la ley merecen atención para comprender su impacto en su participación y sostenibilidad:
- Regulación y fiscalización: Aunque se establecen responsabilidades claras para los productores, los mecanismos de fiscalización podrían ser más efectivos.
- Enfoque económico: El énfasis en la valorización de residuos como mercado puede favorecer a empresas grandes, por lo que es esencial garantizar que los recicladores de base también se beneficien.
- Costos para consumidores: La posibilidad de que los costos del reciclaje sean trasladados a los consumidores podría generar una carga adicional sin mejoras sustanciales.
- Dispersión institucional: La coexistencia de diversas entidades y normativas podría generar un sistema burocrático que dificulte la implementación de las políticas.
- Metas a largo plazo: Las metas de reciclaje, aunque graduales, podrían no generar avances inmediatos.
- Impacto en recicladores de base: La ley fomenta la creación de sistemas de gestión, pero no garantiza automáticamente la inclusión de los recicladores, lo que podría limitar su participación.
- Certificación obligatoria: La exigencia de certificación para los recicladores puede ser un obstáculo si no se proporcionan apoyos suficientes.
- Fondos y apoyo desigual: Los fondos destinados a los municipios no siempre benefician directamente a los recicladores de base, dejándolos en desventaja frente a empresas privadas.
En conclusión, la Ley REP es un avance importante en la gestión de residuos, pero para garantizar una inclusión efectiva de los recicladores de base, se requiere fortalecer los mecanismos de apoyo y fiscalización. Si se abordan estos desafíos, la ley tiene el potencial de mejorar la situación de los recicladores y promover un sistema más inclusivo.
Los Recicladores en la Ley REP
En 2010, el Movimiento Nacional de Recicladores de Chile (MNRCH) se dio cuenta de que el Ministerio del Medio Ambiente estaba promoviendo una ley sobre residuos sin contemplar a los recicladores. Como respuesta, enviaron una carta de protesta al presidente y comenzaron a trabajar con aliados para proponer su inclusión en la legislación. A lo largo de los años, diversos actores se sumaron al proceso, y un equipo de dirigentes recicladores se dedicó a esta causa. Sin embargo, el movimiento enfrentó desafíos para lograr una unificación efectiva y movilizarse con mayor fuerza.
Finalmente, los recicladores fueron incorporados en la Ley REP, pero esta inclusión los enfrenta a un escenario competitivo con nuevos actores en el reciclaje, dejándolos en una posición desventajosa. Además, rechazan el término “inclusión” en la ley, ya que consideran que siempre han sido parte del sistema de reciclaje y que merecen un reconocimiento formal. Ante este contexto, creen que la verdadera integración depende de la unidad y organización del gremio.
Los Desafíos de los Recicladores
Con la implementación de la Ley REP, los recicladores de base iniciaron un proceso de rearticulación, ya que el Movimiento Nacional de Recicladores no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa. En 2019, se creó la Asociación Movimiento Nacional de Recicladores de Chile (ANARCH), con el objetivo de fortalecer la organización a nivel nacional y trabajar para posicionarse dentro del sistema de reciclaje junto a los actores privados y municipales. En los primeros tres años, ANARCH logró expandir su presencia a 13 regiones, con 2.000 socios directos y representando a más de 60.000 recicladores.
La nueva dirigencia de ANARCH reconoció que la inclusión ofrecida por la ley era un paso importante, pero consideraron que se requerían más acciones para asegurar su verdadera participación en un sistema cada vez más mercantilizado. Este sistema ha visto un creciente interés por parte de actores privados, lo que ha generado un entorno más competitivo. En 2020, ANARCH aceleró su proceso de articulación nacional mediante una campaña de entrega de insumos sanitarios, lo que permitió crear una red de más de 50 encargados regionales y comunales. Además, ANARCH se estructuró con un equipo sólido para representar a un gremio que carecía de la infraestructura necesaria.
A medida que avanzaba la implementación de la Ley REP, ANARCH también comenzó a gestionar iniciativas políticas, en respuesta a la crisis de recolección de residuos durante la pandemia. Esto llevó a la creación del programa “Reciclo en Casa”, en colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y empresas aliadas. Este proyecto tuvo una acogida positiva, aunque también generó desafíos logísticos, especialmente en la Región Metropolitana. Como resultado de esta situación, ANARCH solicitó un terreno al Estado, y en marzo de 2021 se les otorgó un terreno de 3.000 m² en Maipú, lo que marcó un hito importante para la organización. Este centro de acopio permitirá a los recicladores almacenar, segregar y compactar los residuos, y se convertirá en el primer centro de producción de resina a base de PET, iniciando la producción de materia prima para la industria.
Desde la perspectiva de ANARCH, la Ley REP no consideró adecuadamente sus necesidades específicas, especialmente en lo que respecta al tratamiento y procesamiento de residuos. La organización ha señalado que muchos municipios se limitan a la recolección de residuos sin profundizar en el proceso de segregación y reciclaje efectivo, lo cual representa un desafío para lograr una gestión integral y sostenible. En este contexto, los recicladores continúan enfrentando obstáculos en un sistema que, aunque se está modernizando, sigue siendo un terreno altamente competitivo.
Fortalecimiento orgánico y generación de cooperativas de trabajo para enfrentar los desafíos de la ley REP
La Ley REP ha transformado el panorama del reciclaje en Chile, introduciendo nuevos actores y modificando las estructuras existentes. En este contexto, la Asociación Movimiento Nacional de Recicladores de Chile (ANARCH) ha trabajado en fortalecer su organización para posicionarse como gestores de residuos, desarrollando herramientas que les permitan competir en igualdad de condiciones con municipios y empresas privadas. Aunque ha habido avances significativos en términos de organización y relaciones políticas, persisten desafíos relacionados con la infraestructura y la capacidad logística necesarias para cumplir con los requisitos de la ley. A pesar de su inclusión formal en la ley, los recicladores aún se enfrentan a la situación de ser considerados principalmente como recolectores subcontratados.
En la actualidad, más de 60.000 recicladores trabajan en condiciones de informalidad, sin seguridad social ni contratos formales, pero están en proceso de adaptarse a las nuevas condiciones del sistema, buscando formalizar su actividad a través de certificaciones. En este sentido, ANARCH ha logrado certificar a 800 recicladores, con un objetivo de alcanzar los 3.000 certificados, gracias al apoyo del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y otras organizaciones. Sin embargo, la competencia con nuevos actores del reciclaje, como los municipios y las empresas privadas, exige mejoras en infraestructura y logística, desafíos que la organización considera clave para superar mediante la unidad y la organización.
Para fortalecer su posición en el nuevo sistema, ANARCH ha optado por crear cooperativas de trabajo. Este modelo permitirá a los recicladores acceder a contratos y licitaciones, controlar la trazabilidad de los residuos y formalizar a aquellos recicladores que aún no están certificados. La estrategia busca incluir a los recicladores no formalizados y transformar sindicatos y agrupaciones en cooperativas, mediante la realización de encuentros regionales y la provisión de apoyo técnico y legal para la creación de estas cooperativas. Esta iniciativa es vista como un paso necesario para garantizar que los recicladores puedan competir en el sistema de gestión de residuos y reafirmar su lugar en el marco de la Ley REP.

El modelo de negocio de ANARCH, basado en la formación de cooperativas, responde a dos desafíos clave que plantea la ley REP. En primer lugar, busca facilitar el acceso de los recicladores a licitaciones tanto municipales como privadas, consolidándose como sistemas de gestión legítimos, sin perder su independencia y fortaleciendo el oficio de los recicladores. En segundo lugar, debido a la exclusión de más del 80% de los recicladores del sistema formalizado, ANARCH proyecta que las cooperativas funcionarán como una red de apoyo para aquellos que continúan trabajando fuera del sistema formal, promoviendo relaciones económicas y humanas basadas en principios justos y ofreciendo apoyo social.
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